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Aprobado nuevo Real Decreto en relación a certificación energética de edificios existentes
Por fin se ha aprobado, a pesar del retraso, el RD que se estaba esperando en relación con la certificación energética de edificios existentes, el Real Decreto 235/2013
Este Real Decreto obliga, apartir del 1 de junio de 2.013, presentar la etiqueta energética de todas aquellas viviendas o locales que pretentan ser vendidas o alquiladas.
El RD 47/2007 ya traspuso en su día parte de la directiva 2002/91/CE (derogada por la Directiva 2010/31), en relación con la certificación en edificación, tanto para edificios de viviendas, como para otros usos, como el terciario, viniendo el Real Decreto 235/2013 a complementarlo .
En aquél entonces, se promovieron los documentos reconocidos CALENER-VyP y CALENER-GT, programas para el cálculo y la emisión del correspondiente certificado de proyecto y nueva obra de edificación, dentro del marco del Reglamento Delegado (UE) nº 242/2012, que establece la metodología común para el cálculo y comparación de eficiencia energética de los edificios dentro de la Unión Europea.
El nuevo RD sobre certificación energética de edificios existentes pone en vigencia el empleo de aplicaciones ya existentes CE3 y CE3x (disponibles desde mitad del año 2012), también desarrollados por el IDAE y dentro del Reglamento 242/2012, para el desarrollo del cálculo de forma particular en edificios existentes. Estos programas están disponibles en la web del ministerio de industria, energía y turismo, y proporcionan herramientas similares al Calener, para el cálculo del valor de la etiqueta energética.
Como acción ejemplarizante, las Administraciones Públicas deberán exhibir el certifciado de eficiencia de todos aquellos edificios de los que ostente su titularidad y que cuenten con una superficie superior a 500m2.
Este RD para la certificación energética de edificios existentes, representa una nueva oportunidad de trabajo, tanto para empresas de reformas, empresas de climatización, iluminación, electricidad, etc, así como para los propios técnicos de edificación, y poder desarrollar la actividad que mejor saben hacer y para la que están altamente cualificados, en este caso sobre edificios existentes, dado que apenas hay actualmente volumen de obra nueva.
Colateralmente, se habilitarán ayudas por un importe de 100 millones de euros para la implantación de medidas de eficiencia sobre envolvente de edificios, así como para instalaciones térmicas de edificios existentes de uso residencial y la incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia fundamentalmente, que tanta dificultad están teniendo en su implementación).
Estas ayudas son una oportunidad de mejora de las instalaciones de edificios que se hayan quedado obsoletas, por otras que mejoren la calificación energética del edificio, redundando en una menor dependencia energética y contribuyendo al ahorro y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2e).
La cara B de la aprobación de este Real Decreto de certificación energética de edificios existentes, es la pendiente transposición de la Directiva 2012/27/UE, impuesta desde Bruselas, que obliga a que los Estados realicen una labor "ejemplarizante" del mejora de sus edificios, comprometiéndose a realizar reformas y adecuaciones de un 3% de sus edificios para mejorar su eficiencia, (Recordemos el voto negativo de España a asumir esta Directiva), y que se deberá transponer al derecho español antes del 5 de junio del 2014, así como la aprobación del borrador del RD de regulación del autoconsumo, basado en las directivas 2004/8/CE y 2009/28/CE.
Asimismo, es de agradecer el tutelaje que la unión europea esta realizando en el desarrollo de normativa de eficiencia energética, sin el cual, y dadas las características de nuestro sistema energético, no hubiera sido posible avanzar en este sentido.
Dado el nivel de desempleo y desesperación que reina actualmente en el sector de la construcción, la aprobación del RD de certificación energética de edificios existentes es una tímida luz al final de un túnel, que esperemos no se vea afectada por una mala aplicación en favor de intereses particulares.